Órdenes ejecutivas van a la Corte Suprema ¿Esto qué significa?
El Nuevo Georgia News
Vitoria Guadalupe Paz, no tiene el mismo lenguaje florido que manejan muchos activistas y abogados de inmigración, por eso al enterarse de que la Corte Suprema había admitido los recursos del presidente Obama para salvar las órdenes ejecutivas que promulgó en 2014 y que fueron frenadas por una demanda de 26 estados, entre ellos Georgia, su reacción fue la más simple y espontánea ¿Y eso qué significa? ¿Eso es bueno?
“Los jueces tendrán que decidir si tribunales inferiores tenían razones para bloquear DAPA, el programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes, y la expansión de DACA – la acción diferida para jóvenes llegados en la infancia, propuestos por Obama en noviembre del 2014”, dice el abogado Nelson Castillo.
“El Presidente Obama anunció el beneficio migratorio de acción diferida el 20 de noviembre de 2014 para indocumentados que tienen hijos residentes o ciudadanos y otros que llegaron cuando eran niños, con el fin de detener su deportación y darles la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en el país de forma temporal”, dice Castillo por medio de su blog.
Explica que las cosas han llegado hasta este punto porque un juez federal frenó en febrero del 2015 sus medidas – DAPA (Acción Diferida Para Padres de residentes y ciudadanos estadounidenses) y la expansión de DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia).
“Jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans rechazaron levantar el bloqueo a las medidas en noviembre, impidiendo su implementación.
El Departamento de Justicia decidió llevar el caso a la Corte Suprema, con la esperanza que el máximo tribunal del país revierta el fallo de cortes inferiores y reafirme la constitucionalidad de las acciones ejecutivas de inmigración del Presidente.”
Lo que está en juego según el jurista es que, si la Corte Suprema determina que las acciones ejecutivas son constitucionales y válidas, podría levantarse el bloqueo legal de las medidas y daría paso a su implementación, dándoles el alivio migratorio temporal que buscaba brindar el Presidente a millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos.
Todos aplauden
El argumento más fuerte entre quienes están de acuerdo con las órdenes ejecutivas es que, el presidente tiene toda la autonomía para tomar ese tipo de decisiones, tal como lo expresó la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
“Damos la bienvenida a la decisión del Tribunal Supremo para asumir la demanda: Texas vs Estados Unidos – un caso que podría decidir si el ejercicio válido del poder constitucional federal sobre la inmigración puede ser bloqueado por un solo estado.
Hay mucho en juego, este caso es trascendental y cualquiera que sea la decisión final irá mucho más allá del tema migratorio. Ningún Estado solo debe estar facultado para frustrar las decisiones de política nacional del gobierno federal. Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo serán profundas”, dijo Víctor Nieblas Pradis, presidente de AILA.
En igual tono han respondido las organizaciones y activistas a nivel local y nacional, como la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos—GLAHR-, al expresar que la decisión dictada por los jueces del Tribunal Supremo para conocer del caso Texas Vs Estados Unidos, es un paso en la dirección correcta.
“Sabíamos que esta será una larga espera y siendo que esta es nuestra lucha, vamos a seguir trabajando para cumplir con nuestro objetivo. Independientemente de lo que suceda en los tribunales, para nuestras familias, seguiremos en la lucha de nuestros derechos como inmigrantes y los seres humanos”, dijo Antonia Lozano miembro del Comité Popular de Fairburn.
“A medida que la Corte Suprema toma este caso, los agentes de inmigración están aterrorizando a nuestros vecindarios. Este alivio no puede llegar lo suficientemente rápido. Esto no debe ser una excusa del Presidente para complacer a Trump asaltando nuestras comunidades”, dijo Adelina Nicholls
“Necesitamos que los gobiernos en todos los niveles trabajen para detener las redadas y deportaciones y concedernos merecido alivio”, concluyó.
