El aumento vertiginoso en la cantidad de procesos penales contra migrantes por ingreso o reingreso ilegal al territorio de Estados Unidos supone un enorme costo humano y económico, señaló Human Rights Watch en un reciente informe. Encarcelar a migrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores antes de deportarlos es una decisión que a menudo afecta a personas que intentan reencontrarse con familiares en Estados Unidos o escapar a la persecución en su lugar de origen, comentó Human Rights Watch.

El informe de 82 páginas, “Turning Migrants Into Criminals: The Harmful Impact of US Border Prosecutions” (Convertir a migrantes en delincuentes: El impacto adverso de los procesos penales en la frontera estadounidense) documenta las consecuencias negativas de los procesos penales por ingreso y reingreso ilegal, que han aumentado 1.400 y 300 por ciento respectivamente durante los 10 últimos años, y cuyo volumen hoy supera a los procesos por todos los demás delitos federales. Más de 80.000 personas fueron condenadas por estos delitos en 2012, muchas de ellas en procesos grupales acelerados que vulneran los derechos de debido proceso. Muchas de estas personas son separadas de sus familias en Estados Unidos, y una gran proporción termina cumpliendo meses o incluso años en prisiones federales sobrepobladas, a un alto costo para el Estado.

“El gobierno estadounidense está convirtiendo a los inmigrantes en delincuentes al enjuiciar a muchos de ellos en vez de simplemente deportarlos”, observó Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y autora del informe. “Muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública, y son simplemente personas que intentan estar con sus familias”.

El proyecto de reforma inmigratoria del Senado, presentado por un grupo de legisladores bipartidista que se conoce como “Grupo de los Ocho” (Gang of Eight), propone incrementar en US$ 250 millones el presupuesto destinado al procesamiento penal de estos casos en Tucson, Arizona, y establecer penas máximas más rigurosas para numerosas categorías de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal. En vez de esto, el gobierno estadounidense debería poner fin a procesos innecesarios contra personas que ingresan ilegalmente al país por primera vez o en forma reincidente, comentó Human Rights Watch.

El informe se elaboró a partir del análisis exhaustivo de datos del gobierno estadounidense y entrevistas con más de 180 personas, incluidos migrantes y sus familias, abogados, fiscales y jueces.

El incremento acelerado en la cantidad de procesos penales federales por delitos migratorios forma parte de una tendencia más generalizada que destina recursos anteriormente empleados en la aplicación de la ley penal al cumplimiento de normas sobre inmigración, que tradicionalmente se ha considerado una cuestión de naturaleza civil, observó Human Rights Watch. El ingreso ilegal, que implica entrar al territorio del país sin autorización, constituye un delito menor (misdemeanor). El reingreso ilegal, es decir, regresar nuevamente al país tras una deportación, tiene categoría de delito grave (felony).

El gobierno estadounidense asevera que estos procesos penales son necesarios para evitar que peligrosos delincuentes ingresen a Estados Unidos y para disuadir la inmigración ilegal. Sin embargo, los procesos penales por cuestiones de inmigración no están cumpliendo el objetivo deseado, señaló Human Rights Watch.

De hecho, muchas de las personas que son objeto de estos procesos son individuos sin ciudadanía estadounidense que no tienen antecedentes penales o solamente han estado implicados en delitos menores. En 2011, el 27 por ciento de las personas procesadas por delitos vinculados con el ingreso al país no tenía condenas anteriores por delitos graves, y solamente el 27 por ciento había sido condenado por delitos que la Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos (US Sentencing Commission) considera como los “más graves”, incluidas condenas por delitos perpetrados con violencia o con armas. Una década atrás, en 2002, el 42 por ciento de estas personas tenía antecedentes penales que se encuadraban en la categoría de delitos “más graves”, y el 17 por ciento no tenía condenas previas por delitos graves.

El juez de Texas Félix Recio dijo a Human Rights Watch que el gobierno estadounidense ha creado una “categoría de delitos graves” destinada a personas que no son ciudadanas: “Cuando no hay antecedentes penales ni inmigratorios, criminalizar a estas personas es [para mí] algo sumamente difícil”. Varios abogados defensores señalaron que incluso muchas de las personas con antecedentes más graves tenían en realidad condenas dictadas años atrás, y desde entonces habían mostrado un comportamiento acorde con la ley.

Asimismo, muchas de las personas que ingresan o reingresan ilegalmente a Estados Unidos lo hacen por motivos completamente ajenos a los conceptos tradicionales de actividad criminal, como el deseo de reencontrarse con familiares o debido a que escapan de contextos de violencia y persecución en otros países. El juez federal de distrito Robert Brack, quien estima haber condenado a más de 11.000 personas por reingreso ilegal , señaló “Desde hace 10 años, he presidido un proceso que destruye familias en forma diaria, e incluso varias veces por día”.

Sin embargo, en vez de analizar si estos procesos penales cumplen los objetivos deseados, el gobierno estadounidense parece estar dispuesto a mantener esta práctica, observó Human Rights Watch. Datos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2013, los procesos vinculados con inmigración se incrementaron en un 10 por ciento.

El aumento en la cantidad de procesos penales por inmigración sería contraproducente y antieconómico, comentó Human Rights Watch. El volumen de causas penales de este tipo ha desbordado la capacidad de las cortes federales en la frontera al sudoeste del país, y a raíz de esto el sistema de justicia penal federal de Estados Unidos ha debido implementar atajos procesales, como celebrar juicios grupales acelerados que vulneran las garantías de debido proceso de personas acusadas de ingreso o reingreso ilegal.

Los procesos por inmigración consumen recursos que podrían destinarse a combatir la delincuencia organizada y otros problemas más graves para la seguridad en la frontera, según señaló Terry Goddard, ex fiscal general de Arizona, a Human Rights Watch. Las personas que son condenadas por ingreso ilegal conforme a las pautas federales para la determinación de sentencias cumplen, en promedio, una pena de 19 meses en prisiones federales. Las personas imputadas por delitos vinculados con inmigración representan ahora el 30 por ciento de quienes ingresan al sistema penitenciario federal, que adquiere una cantidad cada vez mayor de contratos con cárceles privadas para poder encarcelar a las personas que no son ciudadanas estadounidenses y son condenadas por estos delitos.

Human Rights Watch señaló que el proyecto del Senado supone un paso importante al impedir que se juzgue penalmente a quienes pidan asilo y al permitir que algunas personas que hayan sido deportadas puedan solicitar la regularización de su situación legal, pero prohíbe esta posibilidad a la mayoría de las personas deportadas por condenas que no estén vinculadas con inmigración, no importe la gravedad del delito o el tiempo que haya transcurrido desde la condena.

Sin duda, Estados Unidos tiene interés en regular el ingreso y la permanencia de migrantes en su territorio, pero los procesos inmigratorios colectivos por ingreso o reingreo ilegal a menudo vulneran otros derechos. Human Rights Watch instó al gobierno estadounidense a aplicar únicamente sanciones de tipo civiles a personas que sean detenidas al intentar cruzar la frontera ilegalmente, y a incorporar en las iniciativas integrales de reforma inmigratoria alternativas claras para que las personas que hayan sido deportadas puedan solicitar regresar legalmente a Estados Unidos.

“Si el gobierno de Obama y el Congreso consideran seriamente la posibilidad de reformar el sistema inmigratorio para proteger a las familias, deberían conceder a todas las personas que han sido deportadas y separadas de sus familiares la posibilidad de demostrar que pueden hacer una contribución valiosa a la sociedad”, expresó Meng. “De lo contrario, el gobierno no podrá evitar continuar gastando millones de dólares para juzgar y encarcelar a personas que tienen fuertes lazos con Estados Unidos”.

Ejemplos de casos documentados por Human Rights Watch de personas juzgadas penalmente por ingreso o reingreso ilegal:

-“Alicia S.”, una madre soltera, contó que intentó ingresar ilegalmente a Estados Unidos tres veces tras ser deportada y separada de sus dos hijas, una de las cuales padece una grave afección médica. Si bien ha sido condenada penalmente por ingreso ilegal y cumplió 13 días de cárcel, dijo “Aún tengo deseos de intentarlo nuevamente”.

-Rosa Manríquez, una abuela de 62 años que había vivido toda su vida adulta en Estados Unidos, fue condenada en dos oportunidades por ingreso ilegal, y la segunda vez cumplió cuatro meses en una prisión federal. Norma Pulcher, la hija estadounidense de Rosa, dijo al respecto: “Nunca, jamás en su vida había estado en uno de estos lugares, una señora cristiana en la prisión federal. Cada vez que iba a visitarla, todos llorábamos. Ella lloraba tan desconsoladamente que comenzaba a temblar”. Luego fue deportada, y los abogados le dijeron a Norma que su madre nunca más podría regresar con su familia.

-“Brenda R.” fue procesada penalmente en tres ocasiones por ingresar ilegalmente a Estados Unidos para intentar reencontrarse con su esposo y dos de sus hijos estadounidenses en Dallas. Afirmó que había viajado a México para asistir al entierro de otros dos hijos, que murieron víctimas de una agresión armada, y cuando comenzó a indagar lo sucedido la policía le advirtió que abandonara las pesquisas. Dijo que siempre que tuvo oportunidad manifestó su temor de regresar a México a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero que en vez de asignarla a un proceso para solicitar asilo, fue procesada penalmente.

-Robert López informó haber regresado a Estados Unidos cuando se enteró de que su esposa, que es ciudadana estadounidense, sufría una grave adicción a las drogas, y temió que el Estado les quitara la custodia de sus cuatro hijos. La pena de cuatro años y medio de prisión que recibió Robert es más de cuatro veces mayor a la única condena previa que tenía, y que cumplió diez años atrás, por haber agredido a otro hombre durante una riña. Los hijos de Robert no comprenden del todo por qué su padre está en la cárcel. “Mi hija mayor me pregunta ‘¿Has cometido un delito?’ Y yo le digo ‘Regresé por ti’”.

-Gabriela Córdova-Soto, una ex residente permanente que llegó a Estados Unidos cuando tenía nueve meses, fue deportada después de que en 2005 la condenaran por posesión de metaanfetaminas. Su esposo, Benny López, un ciudadano estadounidense, dice que luego de que ella regresó cambiaron completamente su estilo de vida, pero que igualmente los funcionarios de inmigración se presentaron en su vivienda y la deportaron. Cuando intentó reunirse con su esposo y sus cuatro hijos, Gabriela fue acusada de reingreso ilegal . Benny, quien se mudó con su familia desde Kansas hasta una localidad fronteriza en Texas, dijo sobre la situación: “Más allá de si la deportan o la liberan para que viva aquí en forma legal, somos igualmente una familia… No puedo dejar a su madre. Sé que es difícil para los niños. ¿Qué se supone que debería hacer? Realmente no sé qué hacer”.

-“Mario S.” creció en Arizona desde temprana edad. Luego de que muriera su madre cuando él tenía 14 años, comenzó a trabajar en restaurantes de comida rápida con documentos falsos. Cuando en un control de tránsito descubrieron que estos documentos no eran genuinos, las autoridades lo condenaron por falsificación y fue deportado. Regresó ilegalmente para reunirse con su esposa y su hijo nacido en Estados Unidos, pero de nuevo descubrieron que llevaba documentos falsos en un control de tránsito y lo acusaron de falsificación e reingreso ilegal. Estos son todos los antecedentes penales que tiene. Cuando llegue el momento de ser deportado, habrá cumplido dos años y medio de prisión por estos delitos.