La Corte de Apelaciones de Inmigración falló históricamente en favor de inmigrantes que habían sido penalizados por haber salido del país. “Es realmente una tabla de salvación para inmigrantes a los que se les negó un derecho ganado”, dijo el abogado de inmigración Eduardo Soto, en un comunicado a El Nuevo Georgia.

Con la decisión fechada el pasado 17 de abril, esta Corte reversó un fallo del 20 de agosto de 2009 de un juez de Inmigración que, en este caso específico, calificaba el viaje fuera de EEUU de dos inmigrantes durante el proceso de obtención de residencia, como un abandono del mismo, aplicándoles una penalidad al volver al país.

Soto recordó que desde el año 1997 se aplicaba un castigo de 3 años para quienes habían estado hasta seis meses de manera ilegal en el país y de 10 años para los que habían pasado de un año.

“Con este fallo se dicta una jurisprudencia importante que no solo va a permitir a muchas personas que se encuentran en medio de su proceso viajar a visitar familiares, muchas veces por motivos humanitarios, sino que van a poder regresar al país otros a los que se les negó la entrada” afirmó el abogado de inmigración Eduardo Soto.

“El beneficio es muy grande. Hay personas que llevan años sin ver a sus seres queridos por miedo a recibir una decisión negativa; ahora pueden hacerlo con un permiso y amparados en esta histórica y más que justa decisión” agregó el jurista.

Estudio reveló que un 33% de los aplicantes no aprueba examen de cívica para jurar como estadounidense

Un estudio elaborado por la Universidad de Xavier, de Ohio, reveló que el examen para la ciudadanía que mide los conocimientos sobre educación cívica no sería aprobado por el 33 por ciento de los estadounidenses.

Los resultados de la investigación aparecen en medio de campañas que promueven la ciudadanía para que los naturalizados se inscriban y voten en los comicios presidenciales del martes 6 de noviembre.

En marzo, otro informe, elaborado por Paula Winke, profesora de estudios de idiomas en la Universidad de East Lansing, de Michigan, determinó que la importante decisión de si se concede o no la ciudadanía a más de un millón de personas anualmente pudiera ser decidida al azar, y depender de un examen de $675 que no mide adecuadamente el conocimiento del solicitante sobre el país.

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Doscientos ochenta y ocho personas, de las 300 que habían sido seleccionadas para hacerse ciudadanas de Estados Unidos recibieron su Carta de Naturalización, en ceremonia llevada a cabo en Los Archivos Nacionales de Atlanta, en la ciudad de Morrow, entre quienes había ciudades de 89 países del mundo.

Ahí estaba Leonor, una colombiana que luego de 4 meses de haber sometido su aplicación de naturalización, veía cristalizar su sueño de ser ciudadana americana, tras varios años de ser residente.

“Estoy contenta, satisfecha y orgullosa de ser ciudadana americana”, dijo Leonor a El Nuevo Georgia.

“Yo pienso que quienes pueden hacerse ciudadanos no deben esperar más tiempo, desde que ya califican una vez que han tenido su residencia permanente, y cuando lo puedan hacer lo hagan inmediatamente…”, dijo.

Así mismo, opinó Sandra Montoya, otra colombiana, quien estuvo entre el grupo de latinos que representaban países como Guatemala, El Salvador, México, Venezuela, Argentina, Perú, Honduras, Cuba y República Dominicana, entre otros.

“Yo recomiendo a quienes ya tienen tiempo de hacerse ciudadanos que dejen el miedo, que hagan el examen rápido, es muy sencillo, la gente es muy amable y mientras uno estudie y se lo aprenda, no hay ningún problema, es fácil de hacerlo…”, dijo la mujer.

Más naturalizados, más votos.

La Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia—GALEO-, por sus siglas en inglés, está adelantando una campaña intensiva para registrar al mayor número de votantes, y en ese sentido incentiva también el proceso para naturalizarse a través de charlas y seminarios gratis, para quienes se animan a hacer el examen de cívica e historia.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional dice que unos 12,6 millones de personas tenían en 2010 las llamadas “green cards” (cédulas verdes) que se otorgan a los residentes permanentes de Estados Unidos con permiso legal, incluidos 8,1 millones de personas que ya reunían los requisitos para la naturalización, pero no la habían solicitado.

En ese mismo orden de ideas, los latinos, representan la comunidad más grande de inmigrantes en Estados Unidos y su participación en estos procesos de naturalización siempre es considerable.

Cuando los inmigrantes se registran, por lo general van votar. Más del 89% de los estadounidenses registrados que nacieron en el extranjero votaron en el 2008, según el Centro Hispano Pew.

Entre todos los votantes que sufragaron en los comicios presidenciales de 1996, un 4,1% había nacido en el extranjero, según el Pew. Ocho años después, en el 2008, el porcentaje se elevó a 6,3%.

Leonor, una de las nuevas ciudadanas de Estados Unidos, quien este año podrá también votar por primera vez.

Con la más reciente redada llevada a cabo en varios estados donde más de 3 mil 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados, el gobierno del presidente Obama no da tregua en su campaña de deportaciones masivas, bajo el pretexto de sacar del país a criminales de alta peligrosidad.

En la redada solo una persona que había purgado una pena por el delito asalto sexual en el condado de Gwinnett y que había sido deportada a El Salvador, fue recapturada y puesta a órdenes de las autoridades federales por haber reingresado al país de manera ilegal.

Por su parte, las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes criticaron este tipo de actuaciones que crea gran confusión y terror dentro de las comunidades donde se llevan a cabo y que socavan la confianza entre las autoridades y las personas que no tienen ningún crimen pendiente.

El daño del 2011

Así mismo, un reciente informe de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas—ICE, por sus siglas en inglés da cuenta que durante los primeros seis meses del año fiscal 2011, más de 46 mil indocumentados padres de niños estadounidenses fueron deportados.

El mismo John Morton, Director de ICE, señaló que las expulsiones fueron ejecutadas en cumplimiento de la ley de inmigración vigente y que con ese tipo de acciones se estaba cumpliendo con las políticas trazadas en esta administración.

Entrevistados por los canales nacionales de noticias los congresistas demócratas Charles A. González (Texas), Luis Gutiérrez (Illinois) y Lucille Roybal-Allard (California), las deportaciones de padres de familia anunciadas por ICE constituyeron un “error”.

“La separación obligatoria de familias estadounidenses es contraria a los ideales y las normas de nuestro país”, dijo González, quien preside el Caucus Congresional Hispano (CHC). Y agregó que la prioridad del gobierno debería estar centrada en “aquellos que cometen crímenes violentos”, citó la cadena de noticias Univisión.

Por su parte, Luis Gutiérrez dijo que lamentablemente muchos empleados federales van cada mañana a realizar un trabajo “que aleja a niños ciudadanos estadounidenses de sus padres”, y a “destruir familias pacíficas y productivas”.

Citados por la misma cadena de noticias, los tres legisladores subrayaron que estas deportaciones tienen un alto costo social y económico para el país, y que a causa de las expulsiones “más de 5 mil niños viven en hogares de acogida porque sus padres fueron sacados de Estados Unidos o permanecen detenidos” en prisiones de ICE.

“Creo que es fundamental que las nuevas directrices se interpretan lo más generosamente posible para evitar que más familias sean destrozadas”, dijo Roybal-Allard.

Según el informe de ICE, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011 fueron deportados 46,686 indocumentados que tenían por lo menos un hijo nacido en Estados Unidos.

Un informe reciente advierte que el número de inmigrantes que ingresaron al país por Arizona desde 2008 ha bajado de manera considerable, mientras se conoce también por parte de algunas organizaciones que lo que han pagado los salvadoreños desde que tienen su TPS, sobrepasa los mil millones de dólares.

Ambos informes contrastan, porque mientras los grupos y políticos anti inmigrantes dicen que los inmigrantes indocumentados se quedan con parte del presupuesto de los estados y del gobierno federal, se rehúsan a admitir que comunidades pobres como la salvadoreña, paguen un precio tan alto por permanecer bajo un estatus temporal que por ahora, nunca les dará residencia.

El propio gobierno federal advierte que al menos unas 200 mil personas han dejado de ingresar al país, en parte por los controles fronterizos, en parte porque el país ya no es atractivo para los inmigrantes por su caótica situación económica y social.

El informe sugiere que el número de inmigrantes sin autorización legal en Arizona se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2000, cuando un informe anterior del DHS calculó que había 330 mil inmigrantes sin permiso en el estado. El más reciente informe se basa en datos del censo de 2010, mientras que las cifras anteriores provenían de datos del censo 2000.

“Aunque no hay duda de que la población inmigrante sin autorización de Arizona ha disminuido considerablemente, es difícil decir cuánto, señaló Jeffrey Passel, demógrafo del Centro Hispano Pew, que estudia la población inmigrante del país.

Esto es así porque el censo de 2010 contó menos latinos en Arizona de lo calculado previamente. Como resultado, el número de inmigrantes sin permiso legal en el estado puede no haber sido tan grande como se pensaba”, dijo Passel, citado por la agencia AP.

Por otro lado, otro informe resalta que desde que los primeros salvadoreños se acogieron al Estado de Protección Temporal en 2001, conocido como TPS, han pagado casi mil millones de dólares al gobierno federal.

“Estas personas ya han pagado con creces un estado de permanencia legal en Estados Unidos. Han demostrado ser excelentes candidatos a convertirse en ciudadanos de este país.

Cada cierto tiempo demuestran que tienen trabajo, pagan impuestos y que no se meten en problemas judiciales.

En otras palabras, han demostrado tener un carácter moral apropiado”, aseveró Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que fue fundada en la década de los ochenta para asistir a los refugiados de la guerra civil en El Salvador”, según el diario La Opinión de Los Ángeles.

Sanabria forma parte de la coalición de organizaciones que promueven una estadía permanente para las personas con TPS. Él considera que una legalización permanente de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses no sólo promovería una reunificación familiar, sino que en términos económicos serviría a la economía de Estados Unidos y a los países de origen.

Las últimas cifras oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS) indican que hay 205,141 salvadoreños, 66,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses inscritos al TPS.

“Hay una manipulación paternalista en términos políticos. Cada 18 meses el gobierno de este país sale diciendo que les van a extender la estadía otro tiempo más… los miles de millones de dólares que estas personas pagan para renovar el TPS puede ser que muchos consideren que es una gota en un balde con agua, pero hay que señalar que no es una cantidad despreciable lo que estas personas pagan cada vez que se registran”, manifestó Sanabria.

Un informe presentado esta semana por una organización de Detroit y que recogen varias agencias de noticias a nivel nacional, indica que los exámenes de ciudadanía siguen presentando fallas y que no reflejan el conocimiento de quienes lo hacen, ni han mejorado con los cambios que se les han introducido en los últimos años.

Dicen los críticos que la importante decisión de si se concede o no la ciudadanía estadounidense a más de un millón de personas anualmente pudiera ser decidida al azar y depender de un examen que cuesta 675 dólares “que no mide adecuadamente el conocimiento del solicitante sobre el país”.

Citada por la agencia de noticias Ap, Paula Winke, profesora de estudios de idiomas en la Universidad de East Lansing, dice que parece que la reforma al Examen de Naturalización no lo ha hecho más justo ni estandarizado. Sus conclusiones provienen de un estudio publicado en la edición de invierno de la revista Language Assessment Quarterly.

“La decisión de otorgarte o no la ciudadanía pudiera ser tomada al azar”, dijo Winke, citada por la agencia. La profesora encabezó un estudio en el que 414 ciudadanos y no ciudadanos tomaron dos exámenes falsos basados en preguntas hechas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

“El estudio de Winke se centró en la porción de conocimientos cívicos del examen, que incluye además, leer, escribir y hablar en inglés. La porción de conocimientos cívicos consiste de 10 preguntas que son tomadas de una lista de 100 preguntas publicadas y disponibles para estudio. Los solicitantes deben responder al menos seis de las 10 preguntas cívicas para aprobar.

Los solicitantes de 65 años o más y que han vivido en Estados Unidos por al menos 20 años solamente tienen que estudiar ciertas preguntas de la lista”, dice la nota.

El estudio se produjo luego de la implementación del nuevo examen, que incorporó recomendaciones de muchas organizaciones comunitarias en todo el país y “no fue preparado arbitrariamente por burócratas en Washington”, dijo la portavoz del servicio de inmigración Marilú Cabrera. El resultado, dijo, es un examen que ayuda a las personas a convertirse en ciudadanos e “incorporarse plenamente a nuestra sociedad”.

De acuerdo al estudio un promedio de 93% de los solicitantes aprobaron el examen en su primer intento desde que el nuevo examen entró en vigor en octubre del 2009, dijo la vocera del gobierno.

Entre las conclusiones del estudio de Winke: 77 de 100 preguntas posibles son igualmente difíciles para ciudadanos y no ciudadanos. En esa categoría están “¿Quien fue presidente durante la Segunda Guerra Mundial?” y “¿Cuántos jueces tiene la Corte Suprema?”.

De las 23 preguntas restantes, el estudio encontró que 13 -tales como “¿Cuál era la principal preocupación de Estados Unidos durante la Guerra Fría?”- fueron fáciles para no ciudadanos. Las otras 10 fueron fáciles para ciudadanos, e incluyeron “¿Quién es el gobernador de tu estado?”.

Winke dice que las conclusiones del estudio muestran que solamente 10% de las preguntas funcionan bien. De los 414 participantes en el estudio, 181 aprobaron los dos exámenes y 136 no pasaron ninguno de los dos.

Noventa y siete aprobaron uno y fallaron el otro, lo que indica que existe el riesgo de que “dependiendo de cuál versión del examen te dan, puedes aprobar o reprobar”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la semana pasada que Self Check, un servicio gratuito en línea de E-Verify que permite a los trabajadores verificar su propio estatus de elegibilidad de empleo, está ahora disponible en todos los 50 estados, Washington, D.C., Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el Conglomerado de las Islas Mariana del Norte.

Lanzado en marzo del 2011 por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Janet Napolitano, y el Director de USCIS, Alejandro Mayorkas, el anuncio de hoy cumple con la meta original de expandir Self Check nacionalmente en el plazo de un año.

“Estamos muy complacidos de completar antes de tiempo la expansión de esta importante herramienta para los empleados,” dijo el director Mayorkas durante una conferencia de prensa en la oficina de campo de la agencia en Orlando, Florida.

“Desde su lanzamiento inicial en marzo, aproximadamente 67,000 personas han usado Self Check y anticipamos que esa participación aumente dramáticamente con el servicio ahora disponible a individuos a través de toda la nación”.

Self Check fue desarrollado por medio de una asociación entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) a fin de proveer a los individuos una herramienta que sirviera para verificar su propia elegibilidad de empleo y a la vez como guía sobre cómo corregir sus récords en DHS y SSA.

Es el primer servicio de E-Verify en línea ofrecido directamente a los trabajadores. Disponible en inglés y español, Self Check permite a los individuos ingresar en Self Check la misma información que los empleadores ingresan en E-Verify.

Desde que el programa entró en vigor, miles de individuos han usado Self Check, disponible en inglés y español, para accesar a sus récords federales de elegibilidad de empleo y para obtener asistencia sobre cómo corregir discrepancias potenciales antes del proceso de contratación.

En agosto de 2011, Self Check se convirtió en un servicio bilingüe disponible para los usuarios en inglés y español, ampliando el alcance del programa a miembros de la fuerza laboral de EE.UU. que se sienten más cómodos leyendo materiales en el idioma español.

Para más información acerca de Self Check, por favor visite: USCIS – Sistema Self Check. Para más información acerca de USCIS y sus programas, por favor visite www.uscis.gov/portal/site/uscis-es.

La entrevista de ciudadanía es uno de los pasos más importantes para convertirse en ciudadano estadounidense. Sin embargo, también puede ser uno de los más estresantes. Esto es debido a que el solicitante debe entrevistarse con un agente federal y además aprobar un examen de inglés y uno de civismo (historia y Gobierno).

La mejor manera de reducir el estrés es prepararse bien para la entrevista. A continuación el Gobierno informa sobre las diferentes partes de la entrevista y ofrece algunos recursos y consejos para llegar mejor preparado a la cita.

Cómo se estructura la entrevista

La entrevista se lleva a cabo en oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) localizadas en diferentes partes del país. Este es el orden a seguir:
•Juramento: antes de la entrevista, el oficial pondrá al solicitante bajo juramento
•Revisión del formulario N-400: el agente de inmigración repasa la información que presentó el solicitante en el formulario y le pregunta sobre sus antecedentes, incluyendo qué países ha visitado, dónde ha vivido y a qué organizaciones ha pertenecido
•Examen de inglés: durante la entrevista el oficial evaluará las habilidades del solicitante de hablar inglés y pondrá a prueba sus habilidades de leer y escribir en inglés. Para pasar el examen se debe responder correctamente una de tres preguntas de lectura y escritura
•Examen de civismo: el examen de civismo consiste en responder correctamente seis de 10 preguntas sobre la historia y el sistema de Gobierno de Estados Unidos
•Instrucciones finales: el agente da detalles sobre la ceremonia de ciudadanía, el último paso en el proceso de naturalización. En la ceremonia uno jura lealtad al país y recibe su certificado de ciudadanía.

El solicitante tiene dos oportunidades para aprobar los exámenes. En caso de desaprobar en el primer intento, podrá tratar nuevamente entre 60 y 90 días después.

Excepciones al examen de inglés

•Algunos solicitantes están exentos de tomar el examen de inglés si: Tienen por lo menos 50 años al momento de presentar la solicitud y han sido residentes permanentes por 20 años
•Tienen por lo menos 55 años al momento de presentar la solicitud y han sido residentes permanentes por 15 años
Para el día de la entrevista se recomienda:
•Seguir las instrucciones de la carta de USCIS con los detalles de la entrevista. La carta indica los documentos adicionales que se deben presentar. De no traerlos el proceso se podría demorar
•Llegar a la entrevista 15 minutos antes del horario indicado para tener suficiente tiempo para pasar por seguridad
•Contestar honestamente las preguntas del oficial. Mentir durante la entrevista podría resultar en la descalificación de la solicitud

Analistas políticos del país han advertido que el tema de las dos campañas para buscar al nominado republicano a la presidencia se ha reducido a un intercambio de acusaciones sobre quién es más o menos antiinmigrante entre el ex gobernador Mitt Romney y el ex presidente de la Cámara baja, Newt Gingrich.

La “autodeportación” fue presentada por Romney como una forma de expulsar a los indocumentados, al hacerles la vida imposible en Estados Unidos sin una identificación otorgada por el gobierno estadunidense, al estilo de una tarjeta de crédito verificable.

El cambio de palabras, a veces airadas, pero frecuentemente con apariencia de haber sido ensayadas previamente, fue uno de los choques con que concluyó el último debate en la primaria de Florida, uno de los cinco mayores estados electorales del país y el primero de la precampaña electoral con una población hispana importante y aún capaz de definir el resultado.

Romney ha negado ser antiinmigrante y de hecho se dijo favorable “a la inmigración… legal”, pero mantuvo la idea de crear condiciones para una “autodeportación” de inmigrantes indocumentados a los que de cualquier forma definió como violadores de la ley por el mero hecho de haber llegado ilegalmente, y en sus palabras “robado” un empleo y tal vez el número de seguridad social de alguien más.

El ex gobernador de Massachussetts afirma que una de sus prioridades sería asegurar la frontera. Por otro lado, Gingrich, que en varias ocasiones se ha visto a la defensiva, calificó la propuesta de Romney como irreal, para alegar una vez más que “los abuelos y las abuelas” que llevan años radicados en el país no se van a “autodeportar” y el gobierno no va a ir tras ellos.

“Pero nuestro problema no son 11 millones de abuelas y abuelos”, dijo Romney, claramente preparado para manifestarse así a la menor oportunidad.

Pero Gingrich se ha pronunciado en favor de un programa de trabajadores invitados y la idea de mostrar un poco de compasión hacia los indocumentados con una residencia más larga en el país ayudaría incluso a limitar la inmigración ilegal, pero de entrada Romney rechazó la idea.

Gingrich acusó a Romney de ser responsable de un anuncio en el que se le acusa de señalar al español como un idioma del “ghetto”, y se quejó de haber sido citado “fuera de contexto” toda vez que es partidario de que el inglés sea el idioma oficial del gobierno estadunidense y como vía de unificación, toda vez que recordó que solo en el municipio de Miami se hablan 94 idiomas.

Romney no conoce a ninguno de sus primos segundos mexicanos, entre los que abundan los hombres altos, de pelo claro, que tienen su mismo apellido y hablan un inglés con marcado acento estadunidense. Esto a pesar de que siguen viviendo en el lugar donde nació su padre y a que comparten su fe mormona, que considera que la familia y la genealogía desempeñan un papel importante en el más allá.

Los hermanos de Romney han visitado la pequeña Colonia Dublan para ver la casa donde nació su padre George Romney el 8 de julio de 1907, en una colonia de pioneros mormones en un espectacular valle agrícola al pie de la Sierra Madre.

Leighton Romney, de 52 años y quien administra una cooperativa de cultivadores de frutas llamada Grupo Paquime en la vecina Nuevo Casas Grandes, le mostró a una periodista de la Associated Press el árbol genealógico familiar en un televisor de la oficina donde le vende frutas a Walmart y otras cadenas grandes.

Mientras que el tema de la reforma migratoria siguió estancado en el Congreso en el año 2011, el tema persiste como tema de prioridad entre los legisladores estatales quienes promovieron varios proyectos de leyes que se dirigían a los inmigrantes indocumentados.

El Consejo Nacional de La Raza– NCLR, publico un informe: “La Estrategia Equivocada: Leyes Estatales Anti-Inmigrantes en el 2011” que ofrece un desglose por estado de las leyes estatales anti-inmigrantes.

“Aunque fuimos testigo de una ola de leyes similares a la de Arizona-SB 1070 presentadas al nivel estatal, la mayoría de estas propuestas fueron rechazadas,” dijo Elena Lacayo, Coordinadora del Proyecto de la Política de Inmigración para NCLR.

“De los 25 estados que rechazaron estas propuestas, más de mitad de ellos eran estados controlados por Republicanos.

Desafortunadamente, ahora aquellos pocos estados que pasaron estas leyes se enfrentan a los mismos problemas legales, económicos, y el impacto negativo a los derechos civiles que enfrento el estado de Arizona.”

En realidad, en el 2011, muchos más estados consideraron y avanzaron leyes dirigidas a desarrollar las oportunidades para los inmigrantes y residentes en varias áreas incluyendo el acceso a la educación y los derechos laborales.

A la vez que comienza la sesión legislativa del 2012, docenas de legisladores estatales están trabajando para promover y avanzar soluciones positivas al tema de inmigración-estrategias que impulsan a las economías locales y honran los valores y principios de nuestra nación, de acuerdo con la Red Estatal Progresista (PSN), una organización nacional que apoya a los legisladores estatales que promueven medidas positivas al tema de inmigración.

“Los legisladores estatales quieren lo mejor para sus estados y la economía del estado, y en el 2011 fue evidente que con más frecuencia estos legisladores están comprometidos con desarrollar soluciones al tema de inmigración que resulten en crecer las oportunidades y la prosperidad económica, particularmente en una etapa cuando los estados necesitan toda la ayuda que se les pueda ofrecer,” dijo Suman Raghunathan, Directora de Política y Asociaciones Estratégicas de la Red Estatal Progresista.

Hasta la fecha de hoy, solo seis estados han pasado leyes anti-inmigrantes como la de SB1070 de Arizona: Utah, Indiana, Georgia, Alabama y South Carolina.

El informe de NCLR describe como estos proyectos de leyes ganaron apoyo, comenzando con la aprobación de SB1070 en Arizona, y cuál ha sido su impacto. También documenta los retos legales, las pérdidas económicas para los estados, las violaciones de los derechos civiles, y el aumento de desconfianza entre los policías y la comunidad inmigrante.

Participantes en una reunión de evaluación de las leyes, señalaron que el impacto negativo de estas leyes en estados como Alabama, Georgia, y Arizona, pueden haber disuadido a otros Estados de adoptar medidas similares. De hecho, algunos legisladores, como el senador Johnston, están luchando en contra de estas medidas y presentando medidas que son a favor de los inmigrantes.

“El futuro de Colorado depende en adoptar estrategias que se enfocan en soluciones nuevas y positivas—soluciones que cultivan a nuestra juventud, que ponen el dinero que viene de nuestros impuestos a mejor uso en vez de destruir familias inmigrantes,” dijo el Senador Johnston. “Como un antiguo maestro en las escuelas públicas, yo he visto todo lo que gana nuestro estado con la energía y las contribuciones de los inmigrantes. Yo quedo comprometido con leyes y políticas que canalizan esta energía para promover un mejor futuro para Colorado en el año 2012 y más allá.

Más propuestas anti-inmigrantes pueden surgir en el 2012.

“Hasta que el Congreso actué en el tema de inmigración, sin duda vamos a ver un esfuerzo para pasar leyes al nivel estatal que promueven el perfil racial,” dijo Lacayo. “Mientras que estamos agradecidos que los estados están rechazando estas propuestas, necesitamos que nuestros representantes en el Congreso federal paren de usar este tema como juego político y busquen soluciones legitimas para arreglar nuestro sistema roto de inmigración al nivel federal.”

Raghunathan añadió que los legisladores estatales son críticos en cambiar este debate y generar soluciones en el 2012.

“Los legisladores estatales entienden la realidad de la inmigración—que este ha resultado en el desarrollo de oportunidades y el crecimiento económico u a la vez ha revitalizado a comunidades,” noto Raghunathan.

“Estos electos están al frente de estas estrategias positivas que reconocen las contribuciones de los trabajadores y familias inmigrantes y buscan los caminos que aumentan las oportunidades para todos.”

NCLR—la organización nacional más grande de la defensa de los derechos civiles y de promoción de los hispanos—se enfoca en mejorar las oportunidades para los hispanos en los Estados Unidos de América.

Red Estatal Progresista es una organización no partidista, sin fines de lucro dedicada a apoyar la labor de los legisladores estatales progresistas atreves del país y promover políticas estatales que se enfrentan a los temas más importantes para las familias trabajadoras: la integración de los inmigrantes a nuestras comunidades, fuertes estándares de sueldo y derechos laborales, el balance entre las responsabilidades de familia y de trabajo, cuidado de salud para todos, la energía limpia y la ampliación responsable, reforme del sistema de impuestos y del presupuesto, elecciones libres y transparentes y la inversión en la tecnología para reducir la brecha digital.

Para más información de las dos organizaciones visite: www.nclr.org y www.progressivestates.org

La líder comunitaria Adelina Nicholls directora ejecutiva de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos GLAHR, por sus siglas en inglés, dijo al cierre de actividades del 2011 que este había siso un año negro en materia de inmigración, y no es la única que así lo siente.

Organizaciones y comunidades a nivel nacional opinan lo mismo una vez hechos los balances de fin y comienzo de un nuevo año. “La reforma migratoria se perdió en medio de un odioso clima antiinmigrante en Estados Unidos”, dijo la cadena de noticias Univisión en su balance del tema.

“Las pocas esperanzas que lucieron los 11 millones de indocumentados en enero de 2011, de ver concretado el sueño de una reforma migratoria, se vieron truncadas con el paso de los meses y la aprobación de leyes similares a la cuestionada SB1070 de Arizona, la primera que criminalizó la estadía indocumentada en Estados Unidos”, anotó un análisis de esa empresa.

Una de las cosas que se recuerda es que, simultáneamente a los llamados al Congreso para debatir el tema migratorio, la Administración siguió adelante con la ejecución del programa federal E-Verify, para cercar y poner atajo a la contratación de trabajadores sin papeles.

Otro lunar negro fue el de la puesta en descubierto de las llamadas “redadas silenciosas” que siguieron en aumento.

“El 19 de abril el gobierno anunció que invertiría capital político en la reforma migratoria, pero activistas y dirigentes hispanos dijeron que estaban decepcionados con Obama al no ver cumplida una promesa lanzada durante la campaña presidencial 2008, cuando dijo que empujaría la aprobación de una reforma migratoria comprensiva durante el primer año de su mandato”

Luego de una fuerte controversia en Georgia el 13 de mayo el gobernador, Nathan Deal, promulgó una ley migratoria que, al igual que en Arizona y Utah, otorga poderes extraordinarios a las policías para que sus agentes arresten a extranjeros sin papeles de estadía legal y obliga a los patronos registrarse obligatoriamente en el sistema federal de verificación de datos conocido como E-verify.

También aplica penas a quienes dan transporte o refugio a inmigrantes indocumentados a sabiendas, y convierte en delito la presentación de documentos o información falsa al solicitar empleo.

Un mes después, el 12 de junio, la jueza federal de distrito, Sarah Evans Barker bloqueó la ley migratoria de Indiana que otorgaba poderes amplios a las policías para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

Dos semanas más tarde, Carolina del Sur promulgo Ley S20, que también concede poderes extraordinarios a las policías para arrestar a individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convierte en delito fabricar tarjetas de identidad con fotografía para los inmigrantes indocumentados y crea una nueva unidad policial dentro del Departamento de Seguridad Pública con el objeto de aplicar la ley de inmigración.

El 18 de agosto el gobierno anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrán tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

Abogados, sin embargo, advirtieron que la medida no se trata de una amnistía y recomendaron a los indocumentados que antes de dar cualquier paso, consulten con un experto certificado en la ley de inmigración de Estados Unidos.

A esto siguió la feroz ley de Alabama HB-56, que el gobierno demandó el 7 de octubre y los jueces hasta ahora han frenado, como lo han hecho las de los demás estados.